La DPH encarga un estudio económico para cuantificar los perjuicios del retraso de la A-23

La Diputación Provincial de Huesca anunciaba el encargo a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca de un estudio económico para identificar y cuantificar los perjuicios derivados del retraso en la ejecución de la variante de Sabiñánigo de la A-23. La institución provincial, tal y como se apunta, quiere disponer de datos objetivos para conocer cuánto está costando al Alto Aragón la prolongación de las obras. El encargo llega tras conocerse la semana pasada que las empresas adjudicatarias han incumplido el último requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para iniciar los trabajos necesarios.

(Foto: Jorge Callau)

La DPH encarga un estudio para conocer los perjuicios económicos de la paralización de la A-23

En los últimos días, la Diputación Provincial de Huesca ha encargado un estudio económico para identificar y cuantificar los perjuicios derivados del retraso en la ejecución de la variante de Sabiñánigo de la A-23. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca será quien realice este análisis exhaustivo. Tal y como se apunta, se quiere disponer de datos objetivos para conocer cuánto está costando al Alto Aragón la prolongación de las obras. El encargo llega tras conocerse la semana pasada que las empresas adjudicatarias han incumplido el último requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para iniciar los trabajos necesarios.

La Diputación de Huesca ya ha mantenido reuniones con asociaciones locales para conocer de primera mano las consecuencias de esta situación. El presidente de la Diputación, Isaac Claver, considera que “es hora de hablar de las consecuencias. Queremos saber cuánto le está costando al Alto Aragón este retraso, porque detrás de los atascos y los desvíos hay empresas, trabajadores y familias que llevan demasiado tiempo soportando esta situación”.

Aspectos clave del estudio

El estudio, en particular, prestará especial atención a los efectos sobre diversos sectores como el comercio, la hostelería, el turismo, el transporte o la industria. Se analizarán tanto los perjuicios directos como los indirectos, incluyendo los sobrecostes en los desplazamientos, las dificultades de acceso, la repercusión sobre la actividad empresarial y sus posibles consecuencias sobre el empleo.

Según se anunciaba esta mañana, uno de los aspectos fundamentales será calcular el coste económico del tiempo adicional que vecinos, trabajadores, transportistas y visitantes deben dedicar a sus desplazamientos. Para realizar estas estimaciones se utilizarán, entre otras herramientas, las recomendaciones de la propia Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras, que contemplan la valoración económica del tiempo de viaje y de los costes asociados.

Además, para la evaluación de otros perjuicios no monetizables, se trabaja con encuestas a agentes territoriales y empresas. El análisis también contará las limitaciones de los itinerarios alternativos, especialmente la carretera A-132.

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