Imagen de la reunión de la Junta Local de Seguridad. (FOTO: Rebeca Ruiz)
por Rebeca Ruiz
Jaca mantendrá, de momento, las medidas antiterroristas de prevención pasiva, como los bloques de hormigón de la entrada a la Calle Mayor, y las hará extensivas en los próximos días a otros lugares del casco que permiten un total acceso de vehículos o en los que se registren aglomeraciones de personas, como la Plaza de Biscós, en cumplimiento del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.
Lo acordaba Junta Local de Seguridad, que se reunía este jueves en el Palacio de Congresos, presidida por la subdelegada de Gobierno de Huesca, María Teresa Lacruz. Una de las cuestiones más importantes que se han puesto sobre la mesa era el establecimiento de los dispositivos de seguridad en cumplimiento del citado plan, consecuencia de los atentados de este verano en Barcelona y Cambrils.
Este plan conlleva «el establecimiento de dispositivos de seguridad con carácter permanente en la ciudad de Jaca que disuadan y prevengan cualquier ataque de este tipo que pudiera darse», explicaba la subdelegada, puntualizando que se trata de elementos de seguridad pasiva, como «bolardos, jardineras o vehículos», como sucede en otras localidades de la provincia. En Jaca, estas medidas ya se aplican desde hace semanas, cuando se colocaron grandes bloques de hormigón en la entrada de la Calle Mayor y se dificultaba el acceso a la misma con los vehículos de la Policía Local y Nacional en horas de máxima afluencia (https://jacetaniaexpress.com/2017/08/29/jaca-incrementa-la-seguridad-en-el-mercado-medieval-en-cumplimiento-del-protocolo-antiterrorista/).
Por otra parte, se van a seguir fijando «dispositivos de seguridad específicos en espectáculos públicos o eventos deportivos» y se «van a intensificar en la medida de lo posible los controles aleatorios de personas y de vehículos», todo ello en el marco de la cooperación y colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con la Policía Local. Unas medidas que tienen por objeto «proteger, prevenir y garantizar en la medida de lo posible la seguridad de todos los ciudadanos», matizaba Lacruz, que insistía en que son medidas de prevención que se están desarrollando en toda España y que, el hecho de concretar su aplicación, no significa que la ciudad tenga más posibilidades de sufrir un atentado que cualquier otro lugar del territorio nacional.
Por su parte, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, hacía un llamamiento a la ciudadanía para comprender las dificultades para la movilidad que pueden conllevar los elementos de seguridad pasiva. «Hay que entender que hay un bien superior que es la seguridad y, sin obsesionarnos, hay que tomar las medidas pertinentes», señalaba el alcalde, que anunciaba que «posiblemente en las próximas fechas veamos nuevos elementos en algún paso peatonal» para evitar que puedan acceder con facilidad vehículos a lugares públicos en los que pueda haber aglomeraciones de personas. Juan Manuel Ramón destacaba la necesidad de «prevención» para evitar este tipo de hechos, al tiempo que pedía a la sociedad que «favorezca en lo posible el trabajo» de las fuerzas policiales.
Tanto la subdelegada como el alcalde recordaban que «estamos en alerta 4 -sobre 5-«, por lo que, aunque no se ha definido totalmente los lugares en los que se colocarán estos nuevos elementos -que será más de uno-, una de las zonas en las que se ubicarán será «los accesos a la Plaza de Biscós, con elementos que dificulten el acceso de vehículos a la propia plaza», explicaba el alcalde tras la reunión.
Por otra parte, la subdelegada destacaba los bajos índices delictivos que se registran en Jaca. «La situación en Jaca se mantiene respecto al mismo periodo del año anterior; la mayor parte de actos delictivos son contra el patrimonio y hurtos pequeños», según explicaba Lacruz. Se han incrementado, eso sí, las infracciones administrativas (sobre todo en asuntos de seguridad vial o en incumplimiento de la normativa de Tráfico), «pequeñas actuaciones que no son delictivas ni penales».
Con estos datos, Jaca, como el resto de la provincia, se mantiene en una cifra en torno a 22 infracciones penales cada 1.000 habitantes, algo positivo comparado con España (que está en 42 y se considera un país seguro).
