Por Rebeca Ruiz
Los ayuntamientos pirenaicos y las comarcas de sus territorios han suscrito un manifiesto por el que piden abrir una mesa de diálogo para consensuar las figuras de protección que afectan a estos municipios, después de la polémica suscitada con el plan que la DGA pretendía imponer para proteger a la rana pirenaica, que chocaba directamente con los planes de desarrollo de muchos territorios, y cuya retirada fue anunciada ayer por el Gobierno de Aragón.
Los alcaldes de los municipios afectados, indistintamente de su color político, mostraban este viernes en Fiscal su «oposición unánime y rotunda al plan de la rana pirenaica». Así, los representantes municipales suscribían «su satisfacción por la decisión del señor Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón después de retirar el borrador de decreto por el que se establece un régimen de protección para la rana pirenaica y se aprueba su plan de conservación del hábitat, que tan negativo era para el territorio pirenaico afectado».
El manifiesto recoge el «agradecimiento por la reacción contundente de instituciones, partidos políticos, empresas de turismo activo, colectivos e incluso organizaciones conservacionistas, cuya manifestación ha logrado la retirada de este decreto que restringía el desarrollo socioeconómico y la propia supervivencia de este medio rural».
Además, en el encuentro de este viernes, se acordaba «solicitar al Gobierno de Aragón que, en el futuro, previamente a la redacción de normativas, decretos o legislaciones que afecten al territorio pirenaico en temas de conservación, cuente con sus habitantes y representantes, agentes económicos, particulares o asociaciones, en definitiva, la opinión de los que viven en el territorio».
Los ayuntamientos pirenaicos consideran que «cualquier legislación que el Ejecutivo autónomo y las Cortes de Aragón pudieran generar en la conservación de flora y fauna o cualquier medida proteccionista sobre el territorio debe conllevar las suficientes garantías para las personas que aquí vivimos y que ejercen su actividad, donde se compatibilice conservación y desarrollo, sobre todo en aquellos municipios y comarcas con muy baja densidad demográfica». Por esta razón, piden la constitución de una mesa de representantes del territorio (institucionales, asociaciones, colectivos, ONGs…) con la administración autonómica para abrir un proceso de participación suficientemente amplio que tenga en cuenta a todos los implicados y donde se puedan incluso revisar algunas figuras de protección ambiental.
Los ayuntamientos, a través del manifiesto, quieren dejar claro que son «valedores de los recursos medioambientales que se pretenden defender, incluso como elemento de atracción para el desarrollo territorial, pero se debe tener en cuenta que son fruto de la convivencia histórica del hombre con el medio y que la mejor garantía para la conservación es mantener poblado el Pirineo».
La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) se encuentra integrada actualmente por 108 Ayuntamientos y 4 Comarcas del Pirineo de Aragón, y se constituyó en el año 1996, teniendo como ámbito territorial el Pirineo aragonés, con la finalidad de proteger y promover los intereses comunes de las entidades locales asociadas, en especial los de tipo cultural, económico, científico, social y medioambiental, contribuyendo así a su desarrollo conjunto.
El proyecto de decreto para la conservación de la rana pirenaica, cuyo conocimiento ha causado una gran polémica en todo el Pirineo, restringe las actividades en numerosos municipios de la Jacetania, el Alto Gállego y el Sobrarbe. Entre esas restricciones, se encuentra la prohibición de prácticas como el barranquismo en más de 160 puntos críticos o la limitación de la pesca y otros deportes y actividades turísticas. Más de 20 municipios están afectados por el ámbito de desarrollo de este plan, que de momento se ha paralizado, pero que no ha sido suspendido.
