La problemática de la vivienda de Jaca llega a las Cortes de Aragón. Lo hacía este jueves, a través de la voz de varias de las personas afectadas por la subida en el alquiler que les impone la promotora del edificio de vivienda protegida en el que viven hace años. Recientemente, se les comunicaba un incremento que aseguran no pueden asumir. Piden una solución porque el plazo expira el próximo 30 de noviembre. Si no aceptan la subida, deberán abandonar los pisos. «Suplico ayuda para que alguien tome las medidas oportunas para que se deje de especular con un bien necesario como es la vivienda», dice Berta Lantero, una de las afectadas, en representación de los vecinos.
Vivienda protegida en Jaca
«Ante la cercanía del 30 de noviembre, fecha en la que acaba el contrato de las familias, aumenta la presión hasta llegar este viernes a las Cortes de Aragón. 14 familias se enfrentan a estar en la calle, y tan solo por teléfono han recibido una alternativa: pagar un 70% más de alquiler a pesar de ser un alquiler de Vivienda de Protección Oficial», explica el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón.
18 familias de un bloque de Vivienda de Protección Autonómica (VPA) de Jaca temen quedarse en la calle al no poder afrontar las condiciones del alquiler de los pisos donde viven hace años. Denunciaban hace unas semanas que han recibido cartas donde se les avisa de la finalización de su contrato y que la única alternativa que les ofrece la empresa propietaria del inmueble es una subida en el precio del alquiler que no pueden asumir.
De Jaca a las Cortes de Aragón con la vivienda
Las vecinas afectadas llegaban hasta las Cortes de Aragón este jueves para pedir «medidas rápidas y efectivas» ante su situación a la Administración pública. Lo hacían de la mano de Izquierda Unidad y del mencionado movimiento, que lucha «por los derechos a una vivienda digna ante la emergencia habitacional que existe actualmente en el Pirineo Aragonés».
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, junto a representantes del Colectivo Vivienda Digna Viello Aragón y personas afectadas por los problemas de acceso a la vivienda en Jacetania y Alto Gállego, ofrecía una rueda de prensa en relación con la situación de la vivienda en Aragón y, especialmente, en las zonas tensionadas.
En el transcurso del acto, Berta Lantero, una de las afectadas, explicaba la situación que están sufriendo desde que la propiedad de sus casas les comunicara su intención de no renovar un contrato que había caducado tras el periodo reflejado (cinco años más tres de prórroga). La alternativa es, explicaba Lantero, «subirnos un 75-80% el precio del alquiler de los pisos, que son de protección oficial y gestión privada».
«Mi sueldo es de 1.190 euros y no puedo pagar 780 euros de alquiler por la vivienda»
«Hablamos de un piso por el que yo pago ahora mismo 433 euros -no olvidemos que es vivienda protegida subvencionada por el Gobierno de Aragón- y me lo suben a 780 euros», añadía la afectada. «Soy trabajadora pública del sector del transporte sanitario y mi sueldo son 1.190 euros al mes. No puedo pagar 780 euros de alquiler. Es inviable. Y no me cabe en la cabeza como una vivienda de protección oficial puede someterse a la especulación. Desde aquí pido, ruego, suplico ayuda para que alguien tome las medidas oportunas para que se deje de especular con un bien necesario como es la vivienda», añadía. «Es ofensivo -continuaba Lantero- que se especule con una vivienda que ha recibido fondos públicos para construirse».
En este sentido, Viello Aragón recuerda que «la situación de las vecinas se agrava al encontrarse en Jaca, un municipio en el que no existe otra VPO de alquiler. Tampoco hay alquileres de larga estancia disponibles, dado que la gran mayoría son por temporada de septiembre a junio o las viviendas están únicamente destinadas para uso turístico. Esto se suma a que los sueldos medios de las trabajadoras y trabajadores del territorio, muy cercanos al sueldo mínimo interprofesional, no permiten asumir los precios actuales de alquiler o de compra», señalan.
Soluciones al problema de la vivienda: declaración de zonas tensionadas
El colectivo, junto a las familias afectadas, conscientes de que algunas medidas que solucionarían el problema tendrían efectos a largo plazo, y dada la situación inminente que afrontan, piden «soluciones más ágiles y rápidas como es la declaración de zonas tensionadas. Esta medida limitaría la subida del alquiler actual a un máximo de un 10%, frenando la escalada de precios». «Son los ayuntamientos los responsables de solicitar la zona tensionada, y la DGA la responsable de aceptarla», recuerdan.
Por Rebeca Ruiz
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