por Rebeca Ruiz
Los 8 de Yesa han decidido recurrir la sentencia que les libraba de la cárcel, pero que les condenaba a diferentes multas como consecuencia de las cargas policiales que tuvieron lugar el 10 de octubre de 2012 en esta localidad, durante una protesta pacífica para evitar la expropiación de las tierras de Artieda con motivo del recrecimiento del polémico embalse de Yesa.
Tras conocer el recurso de la acusación, los ocho han decidido recurrir igualmente la sentencia.“No ha sido una decisión fácil: por un lado ha sido un proceso muy duro en la vertiente personal y humana. La formidable campaña de apoyo social e institucional que precedió al juicio nos supuso a nosotros y a muchas personas solidarias una gran cantidad de trabajo. La exposición pública antes y durante el juicio también ha sido motivo de estrés y nos ha exigido un gran esfuerzo. Ha sido y está siendo muy duro. Hemos robado mucho tiempo a nuestros seres queridos y hemos desviado mucha energía de nuestra vida diaria solo para defender nuestra dignidad”, explica Arriel Domínguez, uno de los 8 de Yesa.
En principio, y después de todo lo que ha supuesto el peregrinaje por los juzgados y la búsqueda de apoyos para su causa –hay que recordar que la sociedad se ha volcado con los ocho desde el primer momento, y que lograron incluso decenas de adhesiones de organizaciones e instituciones, entre los que se encontraban numerosos ayuntamientos, pidiendo su absolución-, la posibilidad del recurso no se había descartado, pero finalmente han decidido luchar por su dignidad, ya que mantienen que lo único que hicieron fue protestar pacíficamente, y remiten al visionado y análisis de los vídeos grabados durante las cargas.
De hecho, en el momento de conocerse la sentencia, antes del verano, ya anunciaba esta posibilidad el diputado Jorge Luis, uno de los ocho acusados por esa protesta, cuando subrayaba que continuarán “defendiendo que fue una concentración pacífica en la que no hubo provocación ni atentado contra las fuerzas de seguridad del Estado”. En ese momento, destacaba que “al final se ha hecho en parte justicia”, ya que la sentencia recoge multas económicas pero no condenas a prisión, y anunciaba que en el posible recurso, que ahora se ha materializado, pedirían la absolución, basándose en el hecho de que la protesta fue “absolutamente pacífica”.
“El juicio había sido muy esperanzador: buena parte de las presuntas lesiones sufridas por los agentes se esfumaron. Quedó demostrado que la carga fue absolutamente innecesaria, injustificada y desproporcionada, puesto que las expropiaciones de tierras seguirían adelante en cualquier caso. Y se visionaron los vídeos donde en ningún momento se observa que ninguno de los acusados golpee a ningún guardia civil. Pero la sentencia nos parece muy insatisfactoria: aunque rebaja las indemnizaciones de 22.000€, que ya hemos pagado, a 6.000€, se nos impone una multa de 16.000€ y costas de 13.000€. Y se condena por delitos de resistencia y delitos y faltas de lesiones a los 8 cuando en los vídeos no se observa a ningún acusado lesionando”, explica Arriel Domínguez.
Sin embargo, hay otra razón de peso que mueve a los Ocho de Yesa emprender esta nueva batalla judicial. Según explican, “no nos resignamos a aceptar que el sistema judicial español pueda tratar de criminales a un grupo de personas que protestaba pacíficamente ante lo que entendía como una injusticia. No nos merecíamos ser golpeados y humillados. No nos merecíamos la cárcel. No nos merecemos las multas. No aceptamos, no vemos normal, el que el derecho a la libertad de expresión y reunión se criminalicen. Ni podemos aceptar que esto nos pase personalmente, ni vamos a aceptar que esto ocurra en nuestra sociedad”.
El recurso presentado, de cien páginas, se apoya en el hecho de que el auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza sitúa al grupo “en clara indefensión, ya que omite las pruebas gráficas y se basa únicamente en un relato de los hechos previo al juicio propio de la parte acusadora, en el que no se han podido tener en cuenta las pruebas aportadas por la defensa”. Además, “justifica la carga sin atender y valorar los principios indispensables de inevitabilidad – habiéndose reconocido en el juicio que los mandos no fueron informados del procedimiento administrativo-, fuerza mínima imprescindible y motivación ante una concentración pacífica”. Los 8 recuerdan que gran parte de su defensa se basó en señalar “los fallos cometidos en la cadena de mando que condujeron a los hechos juzgados y en que la actitud y proceder de los concentrados antes, durante y después sólo contribuyeron a evitar males mayores”.
Para los condenados, “la sentencia omite las evidentes contradicciones entre los agentes, junto con las declaraciones del forense de la acusación que realizó los informes, a cerca de la pérdida absoluta de confianza y credibilidad de estos tras comprobar que le habían sido ocultadas circunstancias que hacían variar sustancialmente su valoración”. Asimismo, la sentencia recoge que las pruebas gráficas no han sido valoradas por no apreciarse con claridad los hechos, “cuando la defensa aportó una sincronización de los vídeos a mitad de velocidad y esta fue rechazada por no considerarse necesaria”, mantienen los 8.
En este sentido, el documento también refleja la necesidad de analizar las múltiples pruebas gráficas que existen y que consideran fundamentales, ya que, mantienen, “se demuestra que los testimonios de los agentes no se corresponden con la realidad de los hechos y su correspondencia con los informes forenses iniciales sobre sus causas, así como con la ubicación, identificación y actitud de los condenados, desacreditando por lo tanto estas las declaraciones”.
Con este recurso, el caso vuelve a los tribunales y los 8 mantienen su lucha por su absolución. Domínguez asegura que en parte les hubiera gustado ya descansar:“Nos hubiera gustado que acabara todo”, dice, y recuerda los apoyos que han recibido desde todos los puntos de España.
“La absolución ya nos la han dado decenas de miles de personas dentro y fuera de Aragón; nuestra inocencia se ratifica cada vez que el frutero nos da ánimos, cada vez que nos para un ama de casa por la calle y nos dice que a quien deberían indemnizarnos es a nosotros, cada vez que la concejala o el alcalde de tal o cual pueblo te pregunta con gesto emocionado que como va, que cómo lo llevan en casa”.
Pero es, precisamente, por eso, por todo el respaldo recibido y por el hecho de considerar injusta la sentencia (a pesar de que finalmente se vieron libres de la cárcel y su condena se redujo a multas económicas), por lo que ahora vuelven a luchar por su absolución: “La primera razón que nos lleva a recurrir es agradecer el inmenso apoyo recibido, sin la solidaridad de la gente y de los representantes políticos de infinidad de instituciones aragonesas no habríamos llegado hasta aquí”.
Fue el 10 de octubre de 2012 cuando se produjo una polémica carga policial contra una manifestación pacífica que pretendía impedir las expropiaciones de Artieda para el recrecimiento de Yesa, y que fue recogida por numerosos medios de comunicación, incluso a nivel nacional. Jorge Luis, Miguel Ángel Palacín, Javier López, Óscar Ara, Sergio Palacín, Álex Ubieto, Arriel Domínguez y Chema Royo estaban acusados de los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desorden público, por los que inicialmente el fiscal solicitaba entre dos y 6 años y medio de cárcel e indemnizaciones superiores a los 22.000 euros. Finalmente, la Fiscalía rebajó las penas hasta dos años de cárcel para cada uno por atentado a la autoridad y estableció multas para los delitos de lesiones y faltas. Los 8 inician ahora un nuevo camino para conseguir su absolución total.