El Partido Aragonés ha registrado en las Cortes una Proposición de Ley para que se derogue el impuesto de la nieve en Aragón que fue que fue creado «justo cuando las consecuencias de la crisis económica empezaron a aflorar de manera significativa, golpeando de lleno a las empresas aragonesas» del sector, recuerda la diputada del PAR impulsora de la iniciativa, Elena Allué. Se trata del tributo al transporte por cable que afectaría directamente a las estaciones de esquí, nieve y montaña, ha informado el PAR en un comunicado.
«Queremos abordar el debate del impuesto de la nieve» que, debido a la crisis económica y al alto potencial que el sector del turismo tiene en nuestra Comunidad, se decidió derogar por Ley 3/2012 con el Gobierno PP-PAR, mientras que el Gobierno actual PSOE-CHA con incremento del PIB y con mayores ingresos públicos quiso sin embargo «recuperar». Así se ha pronunciado Elena Allué, recoge el comunicado, que insiste en que «llevamos casi 3 años de gestión de este Gobierno que ha decidido, por la presión empresarial del sector turístico, dejar sin efecto definitivamente la decisión de cobrar este impuesto», con el que pretendía recaudar «1,5 millones de euros y que gravaba a las estaciones de esquí, tanto de Aramon, como la de Candanchú y Astún, en unas cantidades que en muchos casos coincidía con sus beneficios anuales».
Sin embargo, ha lamentado la diputada del PAR, «no hay manera de que lo derogue para tranquilizar y estabilizar al sector» y no lo hace, lamentablemente, por una cuestión de «tacticismo» político del Gobierno de Aragón, que cada año «vende» que «suspende el impuesto» para sacar rédito político. Si lo deroga «se le acabó la venta y el rédito buscado», pero se debe acabar con la incertidumbre año a año sobre este sector, señala la nota de prensa.
Disposición transitoria
En la Ley de Presupuestos de 2018 hay una disposición transitoria en la que «se vuelve a suspender, por tercer año consecutivo, la aplicación del Impuesto», lo que ha llevado a Elena Allué a pedir a la DGA que tenga «la valentía de derogarlo definitivamente». Más aún ahora, ha argumentado, después del «capítulo» de PSA «vemos cada vez más necesario diversificar y debemos apostar por dar estabilidad al sector del turismo en Aragón, y más en concreto, al sector de la nieve».
El sector del esquí representa una alternativa potencial actual y de futuro para la diversificación de los ingresos turísticos de la economía aragonesa. Allué ha subrayado la importancia del sector para Aragón ya que de cada 100 euros, ha explicado, «20 se quedan en las estaciones y 80 en los valles por alojamiento, restauración, ocio, transporte,…».
Un sector que representa entre un 40-68% del PIB en los valles, que afecta en Aragón a 1.000 empresas que viven de la nieve, que ofrece puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos y cuyo impacto económico supone 130 millones de euros al año: «15.000 empleos directos e indirectos en las temporadas de esquí». Las 7 estaciones de esquí albergaron en la última temporada 1.350.000 usos y el impacto económico que se genera en los valles asciende a unos 140 millones de euros cada temporada.
Justo ahora, cuando los indicadores económicos reflejan una mejoría y una recuperación del pulso económico que tanto necesitan las empresas para volver a generar empleo y riqueza en el territorio aragonés, justifica Allué, este impuesto que gravaría al sector de las estaciones de esquí es considerado por empresarios y poderes públicos un error. Por eso, ha dicho, hay que ser conscientes de que la aplicación de este nuevo tributo sobre las estaciones de esquí «repercutiría directamente en la subida del precio del forfait haciendo menos competitiva la oferta de nieve aragonesa y una fuga de esquiadores a otras Comunidades Autónomas con precios más económicos». Y todo ello nos lleva a concluir que esta medida «lastra la competitividad de nuestras estaciones de esquí en Aragón».
