El Colectivo Totö de Sabiñánigo, con la colaboración del Colectivo Feminista de Jaca, convocaba este jueves una concentración contra la violencia de género y en solidaridad con el caso de Juana Rivas, cuyo caso saltaba a la palestra tras huir y esconderse con sus dos hijos y no entregárselos a su exmarido, sobre el que pesa una condena por malos tratos en 2009. En estos momentos, y tras entregarlos finalmente a su exmarido obligada por una sentencia judicial, Juana Rivas lucha por recuperarlos. Los menores viven en estos momentos en Italia con su padre.
Bajo el lema Justicia para Juana Rivas, la concentración se sumaba a otras 24 acciones convocadas por la misma causa por toda España. En el transcurso del acto, en el que se ha recordado que “un maltratador no es buen padre”, se leía un manifiesto en el que se llamaba a la reflexión sobre los fallos que tiene el sistema cuando se dan situaciones “que no tienen sentido”, como la vivida por Juana Rivas, con decisiones judiciales “que no se ajustan a la defensa de la mujer ni de los niños que sufren maltrato”.
Manifiesto íntegro de las concentraciones coordinadas por la agrupación feminista Gafas Moradas (sábado, 9 de septiembre. 19.00 horas)
El día 9 de septiembre, el movimiento feminista en todo el estado español, saldrá a la calle para unirse en sororidad a Juana Rivas y a la lucha de todas las Juanas y para que ningún menor tenga que convivir con un maltratador. Saldremos a luchar juntas por nuestros derechos y para rebelarnos contra la violencia institucional y contra la justicia patriarcal que nos pone en peligro a nosotras y a nuestrxs hijxs.
Francesco Arcuri fue condenado en 2009 por un juzgado penal de Granada por violencia machista, por golpear repetidamente a Juana Rivas. En 2016, Juana volvió a recurrir a la Justicia por su situación de maltrato reiterado. Sin embargo, la traducción y tramitación de esta denuncia estuvo más de un año sin ejecutarse, y no se ha tomado ninguna medida para proteger a Juana ni a sus hijos. Después de esta vergonzosa actuación, el sistema judicial ha forzado a Juana a entregar a sus hijos a un maltratador. Así, la ‘Justicia’ considera que un hombre que maltrata, que golpea, que insulta y que humilla, tiene derecho a la custodia de dos menores. Durante el proceso judicial no se han protegido los derechos de los dos niños conforme al Estatuto de la Víctima y la Ley del Menor, que exige que se asegure para éstos un entorno libre de violencias, y conforme al art. 31 del Convenio de Estambul, firmado por España, para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de lxs niñxs. Así pues tampoco se ha cumplido el objetivo de intensificar la asistencia y protección de los menores, recogido en el recién aprobado Pacto de Estado, en el que se explicita que “la custodia compartida en ningún caso se impondrá en casos de violencia de género, ni podrá adoptarse, ni provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección”.
Además, no se ha respetado su derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta, habiendo en este caso un menor maduro de once años.
Por si fuera poco, hemos tenido que ver cómo el Juzgado de Instrucción nº2 de Granada ha llamado a declarar como investigadas a la asesora legal y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, y a los familiares de Juana Rivas hasta el segundo grado de consanguinidad. De esta forma, el sistema judicial patriarcal no sólo persigue a Juana y a toda su red de apoyo, sino que ataca directamente a las instituciones públicas, al conjunto de las mujeres y a todas aquellas personas que las apoyan.
El caso de Juana Rivas es el más visible de toda una serie de casos de violencia institucional contra las mujeres, que se suma a las múltiples violencias que enfrentamos diariamente las mujeres. Así, de forma sistemática, cuando acudimos al sistema judicial para denunciar estas violencias, se nos cuestiona, se nos humilla y se nos deja desprotegidas. Al mismo tiempo que se refuerzan argumentos neosexistas como el supuesto Síndrome de Alienación Parental (no reconocido por los sistemas de clasificación diagnóstica oficiales) y el discurso de las denuncias falsas (que según la Fiscalía General del Estado son solo el 0,01% del total).
Es por ello que el movimiento feminista sale hoy a luchar contra la violencia institucional como última expresión del machismo estructural arraigado en nuestra sociedad. Las instituciones no pueden seguir animando a las mujeres a que denuncien la violencia de género cuando el sistema no las protege ni a ellas ni a sus hijxs, y deben reflexionar sobre el hecho de que el sistema de Justicia no sea percibido por las víctimas como un elemento de protección y seguridad. Sólo en lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, según cifras oficiales, y 6 menores han sido asesinadxs por sus padres maltratadores.
Por todo ello, desde la Asamblea Feminista Unitaria y la Plataforma 25N de Granada, unidas a la lucha feminista del estado español, EXIGIMOS que el caso de Juana se considere como lo
que es, un caso de violencia de género. Exigimos que se cierren todas las causas contra ella y su entorno, y se le entregue la custodia de sus hijos. Exigimos que las instituciones implicadas actúen para la protección de los menores y de Juana. Y exigimos el fin de la violencia institucional contra todas las mujeres y un sistema judicial que luche activamente contra las violencias machistas. Lo que pasa necesariamente por exigir la formación en perspectiva de género de todxs lxs profesionales que forman parte de él, y por contar con el movimiento feminista y aplicar esa perspectiva de género a la hora de legislar y llevar a cabo la ley.
Para finalizar queremos destacar el importante papel que históricamente ha supuesto el movimiento feminista en la lucha por los derechos de las mujeres y recordar a todo el mundo que revelarse contra las injusticias no sólo es legítimo, sino que ha sido la forma a través de la cual se han conseguido importantes cambios sociales a lo largo de la historia.
Contra la violencia institucional, ¡Justicia para Juana!
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